Como Presidente del PDP y padre de una familia amenazada por el EPP
LE EXIJO A HORACIO CARTES QUE DENUNCIE PENALMENTE A LOS POLÍTICOS QUE
SEGÚN SU GOBIERNO APOYAN EL TERRORISMO
En un momento en que el Paraguay está de luto
por el ataque de la banda criminal autodenominada EPP que se ha cobrado las
vidas de ocho compatriotas caídos sirviendo al país, la mayoría de los
paraguayos coincidimos que es tiempo de dolor y unidad, y esperamos del
Gobierno humildad y autocrítica.
El presidente Cartes ha respondido como
siempre, con soberbia, sin asumir error alguno, sin anunciar cambios ante los
reiterados fracasos de una política que ubica a su Gobierno como el que más
favoreció la consolidación de esta organización que hoy además de terrorista se
vincula al narcotráfico y al crimen organizado en general.
En un intento de distraer la atención de su
propia incapacidad, Cartes y sus voceros
acusan a opositores, a quienes cuestionamos su política de seguridad, de tener
vínculos con los terroristas. Cartes, en medio del luto y dolor de todo un
pueblo, cuando se necesita un estadista que convoque y que nos una a todos en
grandes consensos para enfrentar esta situación crítica, sigue con su lógica
electoral de amigos y enemigos que marcó estos tres años de Gobierno. La lógica de la división de la sociedad, de
la persecución de los enemigos y la impunidad total para los amigos.
La descalificación de quienes criticamos ya
empezó antes. Cuando un grupo de senadores, entre ellos Santa Cruz, Giuzzio,
Wagner y Desirèe Masi reclamaron un debate sobre la Ley 5036/13 de la FTC, por
las denuncias sobre irregularidades en el uso del dinero, la falta de recursos
para los soldados y policías, las carencias de municiones, chalecos antibalas, alimentos y combustible,
la falta de mantenimiento a los vehículos, incluyendo blindados y aeronaves,
las irregularidades en el pago del sobresueldo, entre tantas más. Hablamos de recursos fundamentales para un
trabajo peligroso, y que si no hubieran faltado a lo mejor no estaríamos
lamentando tantas muertes. Sin embargo, por el solo hecho de reclamar este
debate transparente, sincero y público, con
participación de la gente más afectada,
fueron cuestionados duramente por los voceros del Gobierno y aliados del sector
privado como la ARP.
La pregunta es, ¿porqué no se puede discutir
un modelo que a todas luces no funciona?, ¿que oculta el Gobierno con tanto
celo? Es llamativo porque en la zona del
EPP no solamente están ellos, también se trafica drogas, armas, y cigarrillos.
Comparten la misma ruta.
Cartes y sus voceros están más preocupados
por sus proyectos electorales que por la seguridad de la gente. Y por ello no
dudan en hacer denuncias infundadas y temerarias, pero al mismo tiempo
sumamente graves. No deberíamos ser nosotros quienes tenemos que recordar
nuestras credenciales, a pesar de que el Nuevo Rumbo pretende convertir en
sospechosos a todos los que no se venden o se someten a sus amenazas y
chantajes.
En el PDP está Carlos Arregui, quien fue uno
de los fiscales del caso Debernardi, y Arnaldo Giuzzio, quien lideró el
operativo en el que fue capturada Carmen Villalba, y no me voy a explayar en mi
gestión al frente del Ministerio del Interior durante la cual se lograron
decenas de capturas de personas que fueron condenadas y cumplen hoy sus penas,
extraditados del exterior integrantes que se habían fugado en gobiernos
anteriores y abatidos algunos de los principales líderes de esta organización
criminal.
Es de público conocimiento, que esto me valió reiteradas amenazas que
fueron públicas y alcanzaron en forma directa incluso a mi familia, hasta a mi
hijo entonces menor de edad. Además, en los últimos años, ya con este Gobierno,
fui testigo convocado por la fiscalía en juicios contra miembros del EPP, hoy
condenados. En un hecho insólito, que no creo que tenga precedentes, personas
procesadas, algunas hoy condenadas, por su participación en crímenes del EPP,
incluso me demandaron civilmente por miles de millones de guaraníes. A pesar de
la evidente improcedencia de la acción, el juzgado tardó más de cinco años en
rechazar la demanda. Hasta ahora no
entiendo la dilación de la sentencia cuyo plazo vencía en el 2013, pero tardó 3
años en redactarse.
Todo esto ignora el Gobierno de Horacio
Cartes?? El que tiene la obligación de la seguridad del país y de las
potenciales víctimas de esta organización.
Como paraguayo y como padre de familia soy uno de los tantos que vive
angustiado por la seguridad de mis hijos y seres queridos, y sobre todo por la
condición de mi familia de víctima potencial.
Cuando el Gobierno acusa a opositores de vínculos
con terroristas, ¿cómo queda la seguridad de estas personas? Si a alguno le
pasa algo en un “confuso episodio”, ¿cuál va a ser la versión de las
autoridades? ¿Estaban en cosas raras?
Las afirmaciones del Presidente son ridículas
y temerarias, y por eso justamente hay que tomarlas con mucha seriedad y
preocupación.
Por estas razones, le exijo
a Horacio Cartes que denuncie penalmente a quienes según su Gobierno tienen
vínculos con esta organización criminal, que asuma responsablemente sus propias
acusaciones y las de la comparsa que le acompaña.
Caso contrario, que es lo que supongo que va
a pasar, esta bravuconada se va a sumar a tantas de un presidente charlatán que
con su incapacidad solo suma dolor y luto a las familias paraguayas.
Asunción, 28 de agosto de 2016
Rafael
Filizzola Serra
Presidente
Partido
Democrático Progresista
