Con relación al audiovisual de público conocimiento en el que el funcionario de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), Luís Canillas, se refiere a la Senadora Desirèe Masi en forma injuriosa, el PDP manifiesta cuanto sigue:
Las expresiones de Canillas constituyen un claro hecho de violencia política contra la mujer, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de nuestro país y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
El mencionado tratado entiende como violencia no solamente la física sino también la psicológica (art. 2) y hace especial énfasis en aquella que sea “perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra” (art. 2 inc. C). El art. 3 por su parte garantiza a toda mujer el “derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado”.
En el marco de la Convención de Belém do Pará, firmado, ratificado y depositado por la República del Paraguay, el Gobierno ha asumido una serie de obligaciones previstas en el art. 7 y concordantes, entre las que se encuentran: abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación (inc. a); actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (inc. b); incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso (inc. C); entre otras.
En este contexto, la conducta de Luís Canillas es particularmente grave dada su vinculación pública e irregular con las fuerzas de seguridad, y las sospechas de su participación en hechos violentos propiciados desde el propio Gobierno de nuestro país. Tampoco es un hecho aislado, Canillas es reincidente en esta actitud al igual que otros políticos, gerentes del Grupo Cartes y medios de prensa del Presidente.
En consecuencia, resulta claro que la permanencia de Canillas en la función pública es incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado paraguayo en el marco de la Convención de Belém do Pará, por lo que el PDP exige al Poder Ejecutivo su inmediata destitución.
Igualmente, el PDP insta Congreso Nacional y a los órganos jurisdiccionales a la adopción de las medidas necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, tendientes a las sanciones políticas, administrativas y eventualmente penales contra el funcionario de referencia.
Finalmente, el PDP asume esta postura pública con la convicción de que hechos de esta naturaleza afectan a diario a miles de mujeres que no tienen la posibilidad de una defensa política y jurídica adecuada, por lo que nos unimos debe enfrentar con decisión
COMITÉ EJECUTIVO – 28/11/2017
